El Consejo de Ministros dará luz verde en su reunión de hoy a un paquete de ayudas cifrado en hasta 14.000 millones de euros que servirá para aliviar la situación de aquellas pequeñas empresas y autónomos que sufren la morosidad de los ayuntamientos. El programa estará plenamente operativo en menos de un mes.
El Gabinete aprobará un real decreto por el que, por un lado, se permitirá a los consistorios endeudarse a largo plazo para financiar su déficit de tesorería y, por otro, se habilitará una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que servirá de aval a las iniciativas de descuento de los acreedores de las entidades locales. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, adelantó ayer la medida y aseguró, en contra de lo que afirmaba su antecesor, Pedro Solbes, que el Gobierno tiene aún «margen fiscal» para nuevas medidas de reactivación económica. La crisis, la caída de ingresos y la dureza de acceso al crédito han puesto contra las cuerdas a muchos ayuntamientos que, en la práctica, no tienen dinero líquido para pagar a sus acreedores. El año pasado terminó con 1.000 entidades locales con remanentes negativos de tesorería. Para solventarlo, estas corporaciones y las que tengan facturas pendientes con pymes y autónomos podrán ahora pedir créditos por un plazo máximo de amortización de seis años y uno o dos de carencia (sin abono de intereses).
Eso sí, antes deberán presentar a Economía un plan de saneamiento por idéntico plazo que el préstamo. Con ese dinero y en el plazo de un mes deberán cancelar las deudas con sus proveedores, pago que habrán de certificar también ante el departamento de Salgado. La previsión de Economía, calculada sobre la base de la deuda reconocida por los ayuntamientos, es que este cúmulo de créditos pueda alcanzar los 11.000 millones.
Condiciones ventajosas
Gracias a la nueva línea del ICO, quienes tengan letras o pagarés de los ayuntamientos morosos, hoy prácticamente incobrables, podrán presentarlos al descuento con unas condiciones bastante favorables. El coste será del 5% de la cantidad, menos de la mitad de lo que cobran las pocas entidades que hoy están descontando estos instrumentos, con lo que los acreedores podrán recibir el 95% de la deuda, sin incluir intereses. Y no hay límite para la antigüedad de las facturas.
Las corporaciones locales, que con la primera medida dispondrían de dinero, deberán pagar a los bancos esas deudas en el plazo de seis meses. Para evitar una avalancha de descuentos y, sobre todo, para que los principales beneficiados sean las pymes y los autónomos, el plan establece dos límites. Cada acreedor sólo podrá recibir 300.000 euros, y el tope por entidad local será del 25% de su participación en los tributos del Estado para 2009.
Salgado subrayó que el aval del ICO servirá para cubrir los eventuales impagos. Y tendrá, añadió, un coste mínimo para las arcas del Estado; en concreto el 0,25% de cantidad no abonada y un coste financiero límite y total de unos diez millones de euros. La vicepresidenta explicó que para la plena efectividad de esta medida se deberá modificar la Ley de Haciendas Locales para explicitar que será de las aportaciones estatales de donde saldrá el dinero que cubra los eventuales ‘agujeros’ que dejen los ayuntamientos.
Cuidado extremo
Sin entrar en polémicas con su predecesor, para quien sólo tuvo buenas palabras, Elena Salgado afirmó que España aún tiene margen de gasto, aunque el Gobierno ha de ser «extremadamente selectivo y cuidadoso». «Hemos hecho un esfuerzo fiscal extraordinario, y esa determinación no desaparece de la noche a la mañana», señaló la vicepresidenta segunda que, al tiempo, advirtió de la necesidad de ser conscientes» de la situación.
A su juicio, cualquier nueva medida deberá tener como prioridad única la creación de empleo y el cambio de modelo sin suponer un coste directo. En este sentido, la ministra recordó que Bruselas vigila de cerca el déficit español, que la Comisión Europea obliga a reconducir por debajo del 3% para el año 2012.
Salgado reconoció que, como ha sucedido en otros países europeos, es «probable» que España deba rebajar sus previsiones. El Gobierno, apuntó, tratará el asunto en pocas semanas con la vista puesta en los últimos números del Banco de España como base sobre la que trabajar. La ministra confirmó a Carlos Ocaña como secretario de Estado de Hacienda y aseguró que había ofrecido a David Vegara permanecer en la secretaría de Estado de Economía. Vegara, no obstante, ya ha explicado que abandonará el Gobierno.
Fuente: www.diariosur.es
