Continúa la guerra del agua en el Valle del Guadalhorce. Si hace unos días fue la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) la que denunció el elevado precio de las tarifas que tienen que abonar por los riegos de la campaña de 2009, ayer fue la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) la que se sumó a las críticas contra la Agencia Andaluza del Agua, tachando su actitud de «autoritaria» por no ceder en sus pretensiones de cobrar a las comunidades más de lo que realmente gastaron esa campaña.
Hay que recordar que, en concreto, Aprema asegura que ese año en el Guadalhorce se gastaron unos 30 hectómetros cúbicos pero, pese a ello, la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha fijado las tarifas sobre unas estimaciones de 70 hectómetros cúbicos, más del doble del consumo real. Este asunto fue anoche objeto de debate entre los representantes de varias comunidades que se reunieron a iniciativa de Aprema. El secretario general de esta asociación, Juan Antonio Aguilar, indicó a este periódico que seguirán reivindicando unos precios justos por el agua de riego, para lo cual no descartan incluso acudir a los tribunales. Eso sí, de momento no se han planteado movilizaciones ni protestas a pie de calle.
En estos últimos días, los regantes están recibiendo los recibos para pagar la tarifa y el canon correspondiente a 2009, después de que entre 2005 y 2008 se condonara el consumo de agua debido a la dura sequía que afectó a toda la provincia de Málaga. Las nuevas tarifas prorrogan las del año 2004, una fórmula que los agricultores consideran injusta porque no se tiene en cuenta el consumo verdadero. En este sentido, tanto Aprema como UPA han reclamado que se paralice el cobro de esos recibos y se estudie un nuevo sistema de precios dando participación a los propios regantes.
«Afán recaudatorio»
«No parece que el futuro del regadío en la provincia de Málaga sea muy prometedor si las instituciones siguen empecinadas en impedir la participación ciudadana y aplicar criterios de otro régimen, que todos parecía que estábamos intentando olvidar», opinó el secretario general de UPA, José Gámez, en referencia al hecho de que los cálculos para estimar el gasto de riego que ha empleado la Agencia Andaluza del Agua se basen en una antigua ley franquista redactada en tiempos en los que la situación de la agricultura era muy diferente, ya que «los sistema de regadío han evolucionado mucho desde entonces», agregó Gámez.
«Parece que la Agencia del Agua no valora ni prima el importante esfuerzo realizado por los regantes en mejorar sus instalaciones y contribuir al ahorro de agua y una mayor eficiencia de los riegos, y sigue primando el carácter recaudatorio por encima de cualquier otro», lamentó el responsable de UPA.
Por su parte, Juan Antonio Aguilar denunció que, además de este problema, los regantes llevan también años soportando la burocracia que implica crear o regularizar una comunidad. «Yo personalmente llevo ya dos años esperando para constituir una comunidad y me he enterado recientemente de que el expediente llevaba tres meses en una estantería», criticó Aguilar.
Fuente: diariosur.es
