La patronal alerta de que ya hay ayuntamientos de la provincia que han dejado de pagar, mientras que otros se retrasan hasta un año. Exigen un pacto institucional que evite la paralización de proyectos.
A la disminución de la actividad económica y las dificultades para acceder a créditos bancarios que están marcando la actual situación de crisis, las empresas malagueñas suman otro inconveniente que les ahoga en su gestión diaria y que puede amenazar su propia existencia: el impago por parte de las administraciones públicas. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) reveló ayer que la Junta de Andalucía y las entidades locales deben, a día de hoy, a las sociedades aquí radicadas 330 millones de euros, un volumen «importante» para las pymes de la provincia, en palabras del vicepresidente ejecutivo de la patronal, Javier González de Lara. Esa cantidad representa el 15% de los 2.200 millones de euros que adeudan en toda la comunidad autónoma.
Una situación que se agrava en el caso de los consistorios. Según González de Lara, ya hay ayuntamientos en la provincia que no están pagando a los proveedores. Aunque «por prudencia» no dio nombres, entre ellos se sitúan algunos como Estepona. Eso sí, reconoció que los municipios situados en el litoral están en mayor riesgo de morosidad porque son los que tienen más obligaciones y deben prestar más servicios no sólo a la población censada sino a los no empadronados y los turistas. «De momento es ocasional los que no pagan, pero ya hay muchos ayuntamientos que están aplicando esa política. Es una situación muy preocupante», afirmó. Sobre las causas de esta situación señaló varias; la no resolución de la correcta financiación de las entidades locales; las dificultades que tienen éstas para acceder a préstamos y refinanciar sus deudas; las situaciones que han heredado de gestiones anteriores; y las consecuencias por la caída de la actividad en la construcción. «Los entes locales han vivido mucho del ladrillo y la construcción a través de la que se han financiado», añadió.
Junto al impago de algunos ayuntamientos, otros han alargado sus plazos de abono entre los seis meses y el año. En el caso contrario, el también secretario general de la CEM destacó que el Ayuntamiento de la capital es de los más cumplidores con los tiempos y paga en una media de 2,6 meses.
No fue éste el único tirón de orejas que dieron a las administraciones públicas. Los empresarios malagueños lamentaron la falta de lealtad institucional que, a su juicio, lastra y paraliza el impulso a proyectos de gran trascendencia para el desarrollo de la provincia y la actividad económica. «Echamos de menos esa lealtad institucional por encima del debate político o la mera defensa del marco competencial. Málaga necesita un auténtico pacto institucional. Salir de esa permanente crispación política que estamos viviendo, donde las distintas opciones políticas, en la legitimidad que tienen, mantienen planteamientos enfrentados mientras los proyectos se paralizan. Tenemos que salir de esa situación porque mientras no lo hagamos no habrá proyectos ni inversión pública», aseveró Javier González de Lara.
Críticas
Un punto en el que coincidió el presidente de la patronal, Vicente García, que aseguró que Málaga «necesita más atención e inversiones de las administraciones públicas». Entre los proyectos que consideran que hay que impulsar mencionaron la finalización de las obras que permitan lograr el saneamiento integral de la Costa del Sol en 2012, la finalización de la autovía con Almería, la prolongación de la línea ferroviaria hasta Algeciras, la integración del puerto en el Centro Histórico de la capital o los accesos norte y sur al aeropuerto.
Asimismo, criticaron las últimas medidas adoptadas por el Gobierno central al considerar que no están dando resultados. «Son muy dispares, descoordinadas, poco profundas y con escaso consenso institucional», manifestó el secretario general de la CEM. Además y en relación a las voces que apuestan por un cambio del modelo productivo, dijo: «Los modelos productivos no se improvisan; no son un conejo que se saca de la chistera. No se trata tanto de imponer un cambio de modelo productivo como de incorporar incentivos que permitan hacer variar por sí mismo el modelo de crecimiento y hacer una economía más flexible y diversificada».
Mientras, Vicente García fue más allá y llegó a calificar de «estupidez» la medida que pretende «regalarle a la gente un ordenador». «El gran problema del mundo empresarial es la incertidumbre de las medidas del Gobierno», apostilló.
Propuestas de solución
Unas declaraciones que efectuaron durante la presentación del Informe Socioeconómico de la Provincia de Málaga y las Propuestas Empresariales ante la Crisis. En dicho documento plantean un decálogo de iniciativas para que se adopten medidas anticrisis y también estructurales. Iniciativas que, según resumió Javier González de Lara, se concretan en la necesidad de más seguridad jurídica, mayor financiación y liquidez y productividad y menos trabas administrativas, costes de la Seguridad Social y presión fiscal.
Estos planteamientos, junto al análisis de la evolución económica de la provincia durante el pasado año, se presentó en la asamblea anual que la Confederación de Empresarios de Málaga celebró en el Rectorado de la Universidad. La CEM aglutina a noventa organizaciones de la provincia y a 65.000 pymes de Málaga.
EL DECÁLOGO
Medidas anticrisis y estructurales planteadas por la CEM.
Apoyo financiero: Medidas para acceder a líneas de créditos y reducir los problemas de liquidez.
Fiscalidad: Reducción del tipo en el impuesto de sociedades; supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y reducción del IRPF.
Pagos: Reducir los plazos de pago de los contratos públicos; inyección de liquidez a las entidades locales e inversiones en obra pública.
Costes administrativos: La Administración debe aplicar una política de austeridad; el sector público debe reestructurarse y deben externalizarse servicios públicos.
Seguridad jurídica: Control e inspección contra las actividades irregulares e impedir que las empresas públicas compitan e situación de ventaja con la iniciativa privada.
Trámites: Simplificación burocrática y reducción de las barreras a la creación de nuevas empresas.
Productividad: Calidad del sistema educativo; adecuar la formación a las necesidades de la empresa; reducir las cotizaciones empresariales y más ayuda al I+D.
Promoción: Favorecer la proyección exterior.
Actividades ligadas al turismo, ocio y cultura: Construir nuevos atraques en puertos deportivos y flexibilizar la normativa de instalación de campos de golf y su vinculación a complejos turísticos-residenciales.
Urbanismo y vivienda: Mantener la deducción por vivienda; facilitar el acceso a una casa o agilizar los planes urbanísticos.
Fuente: www.diariosur.es
