El nuevo plan de incentivos de la Junta de Andalucía incluye subvenciones anticipadas del 75% a compañías sin aval.
Las pequeñas y medianas empresas malagueñas necesitan liquidez inmediata para seguir funcionando y reclaman ayuda a las instituciones públicas. En este contexto, la Junta de Andalucía presentó ayer la nueva orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial, que estará vigente entre 2008 y 2013 y que supondrá un desembolso para el gobierno autonómico de 1.500 millones de euros en la región, de los que unos 215 irán destinados a empresas malagueñas.
Así lo explicaron la delegada provincial del Gobierno andaluz, María Gámez, y la delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, Pilar Serrano, quienes presentaron al empresariado local las novedades de este plan. Una de las más destacadas es que la Junta adelantará un 75% de la subvención a fondo perdido a aquellas empresas que presenten proyectos viables sin necesidad de que éstas tengan un aval. Estos incentivos fomentan la creación de empresas, su modernización o la apuesta por la innovación. En el último apartado, la Junta asegura que dará unos bonos por un importe máximo de 9.000 euros para que las pymes contraten servicios tecnológicos avanzados. También se considera estratégico apoyar la cooperación empresarial mediante la creación de clusters o la realización de acciones internacionales.
Gámez destacó que este incentivo no sólo quiere primar aspectos económicos sino también sociales, por lo que se incorporan una serie de ayudas extra si la empresa está creada por mujeres o jóvenes, si se concilia la vida laboral y familiar o si se contrata a personas desempleadas.
La delegada provincial del Gobierno hizo además especial hincapié en el objetivo de la Junta de Andalucía de reducir los plazos burocráticos para tramitar las solicitudes. Con el nuevo orden de incentivos, el Gobierno regional, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, se compromete a responder a las peticiones de las pymes en un plazo máximo de dos meses, un periodo que se reduce a un mes en el caso de los bonos tecnológicos. Para solicitar la participación de Invercaria en el capital social de las empresas el plazo será de cuatro meses y para otro tipo de programas tecnológicos oscilará entre los tres y los seis meses.
Gámez señaló que estas ayudas «suponen un ejercicio de responsabilidad en estos momentos, siendo nuestra prioridad la creación de nuevas empresas y empleos». Quedan varios años para ver el resultado.
Fuente: www.malagahoy.es
