El Valle del Guadalhorce se ha convertido estos días en un hervidero. Las visitas de inspectores de trabajo, acompañados por agentes de la Guardia Civil, a varias pequeñas explotaciones agrícolas y los rumores sobre supuestas sanciones a jubilados que estaban cultivando sus tierras por afición van de boca en boca por los pueblos y han generado un fuerte malestar entre los pequeños agricultores, hasta el punto de que organizaciones agrarias como Asaja han tenido que convocar reuniones (algunas con más de 500 participantes) para calmar los ánimos de los productores. La Inspección de Trabajo ha intensificado la vigilancia en las zonas rurales para controlar el empleo sumergido, en el contexto del cambio legal por el cual desde el 1 de enero de 2012 el régimen especial agrario se ha integrado en el régimen general, y ello conlleva modificaciones laborales para quienes se dedican a estas actividades. Si habitualmente se hacían 50 visitas a explotaciones agrarias y ganaderas en la provincia, este año hay 250 programadas.
La jefa de este departamento, Mercedes Muñoz, asegura que las personas que tengan huertas de recreo y produzcan frutas y hortalizas para su uso personal y el de sus familias no tienen nada que temer. «Si se comprueba claramente que es para consumo propio no pasa nada. Pero nos encontramos parcelas grandes, que no es posible que sean para autoconsumo y se dedican a la venta». En esos casos tienen que darse de alta siempre que los ingresos superan el salario mínimo interprofesional (8.979,6 euros al año).
Muñoz reconoce que, aunque la campaña de control de fincas existe de toda la vida, este año se ha intensificado, y justifica que los técnicos acudan acompañados por la Guardia Civil en la necesidad de preservar su seguridad, ya que «en alguna provincia se han producido hechos desagradables». Pero, a su juicio, no hay nada que temer: «Es una cuestión de sentido común, si se ve claramente que es para uso propio no se pone ninguna pega».
Para Carlos Blázquez, presidente de Asaja Málaga, el problema que se ha producido proviene de la falta de información, tanto sobre la programación de las inspecciones como sobre los requisitos laborales. De ahí que esta entidad esté llevando a cabo encuentros con los productores en toda la provincia. «Cuando ven llegar a los funcionarios con la Guardia Civil cunde el pánico y este miedo se ha propagado por el boca a boca en los pueblos», explica. «En el interior todo el mundo tiene un minifundio y va los fines de semana a recoger la cosecha. Para muchos jubilados es su principal afición», señala, pero recuerda que hasta 8.979,6 euros al año se puede vender, «y esas explotaciones pequeñas no generan esa cantidad ni por asomo», sentencia. Por ello, Blázquez critica que ha faltado una campaña divulgativa previa, «en el único sector que sigue generando empleo», aunque apoya que se sancione al que trabaje de forma ilegal.
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Málaga, José Gámez, asegura que estos controles están creando «una alarma social innecesaria»: «Hay un rumor en todas las zonas rurales de la provincia sobre inspecciones de trabajo y del Seprona, sobre todo entre personas mayores con huertos que temen a posibles sanciones, y que se ha multiplicado por las comarcas». A su juicio, esta postura es un error de la Administración: «Son personas que tienen el campo como ‘hobby’, muchas veces profesionales que no vienen de la agricultora. Son explotaciones para no tener que ir a comprarlo al mercado, una ayuda para la casa».
En cambio, recuerda que hay mucha gente que ha vuelto a trabajar en la agricultura y hay que vigilar que se cumpla la ley. «Estoy a favor de controlar el fraude, pero no en sancionar a personas que tienen pequeñas huertas para divertirse un poco».
Fuente: diariosur.es
