El proyecto para recoger y reciclar los escombros de las obras en el Valle del Guadalhorce sigue sin echar a andar seis años después de que la Diputación de Málaga aprobara el plan y lo presentara a los ayuntamientos.
Distintas dificultades en los trámites han hecho que el organismo provincial haya aprobado un expediente para la rescisión del contrato con la unión de empresas que se iba a encargar de construir y explotar dos plantas de reciclaje (una fija en Cártama y una móvil en Casarabonela), donde estaba previsto tratar 155.000 toneladas anuales. Alcaldes y concejales del PSOE denunciaron ayer la situación en una rueda de prensa en Cártama en la que acusaron directamente al diputado responsable de Medio Ambiente de la institución supramunicipal, Miguel Esteban Martín (IU), del que dijeron que era «incapaz» de sacar adelante el proyecto. Vertidos ilegales
«Se están echando escombros en ríos, en cañadas y en arroyos y eso no podemos permitirlo más», declaró el alcalde de Álora, José Sánchez Moreno, quien compareció junto al regidor de Cártama, José Garrido; el primer edil de Pizarra, Francisco Vargas; el alcalde de Alozaina, Antonio Pérez; el concejal de Medio Ambiente de Coín, Juan Diego Guzmán, y el teniente de alcalde de Casarabonela, Juan García.
«Hay mucha gente que no tiene conciencia de los daños que pueden hacer los vertidos en un arroyo. Y el hecho es que, si no es sorprendido el responsable, al que denuncian es al Ayuntamiento del municipio, que tiene que abonar la sanción», lamentó Garrido. Por su parte, el propio diputado de Medio Ambiente explicó a este periódico que el retraso de las plantas es consecuencia de los «incumplimientos reiterados» de la UTE concesionaria. Miguel Esteban Martín acusó además a los socialistas de la comarca de actuar de un modo «partidista», ya que, según reveló, nunca le han solicitado una reunión para tratar este asunto.
CRONOLOGÍA
13 de mayo de 2003: Se aprueba el plan director de escombreras que plantea la creación de dos plantas de tratamiento de residuos en la comarca del Guadalhorce.
13 de diciembre de 2005: La Diputación adjudica la construcción y explotación de las plantas a la UTE formada por las empresas Tiferca, Trayamar y Stachys
15 de febrero de 2006: Se firma el contrato con la UTE, que establece un plazo de 20 meses para la ejecución de las obras.
15 de octubre de 2007: Diputación concede una prórroga de 20 meses más por las dificultades en el proyecto. No se hace nada y vuelven a conceder otra prórroga que acabó en noviembre de 2008.
14 de abril de 2009: El pleno de Diputación aprueba por unanimidad iniciar el expediente para la rescisión del contrato.
Fuente: www.diariosur.es