La patronal alerta de que ya hay ayuntamientos de la provincia que han dejado de pagar, mientras que otros se retrasan hasta un año. Exigen un pacto institucional que evite la paralización de proyectos.
A la disminución de la actividad económica y las dificultades para acceder a créditos bancarios que están marcando la actual situación de crisis, las empresas malagueñas suman otro inconveniente que les ahoga en su gestión diaria y que puede amenazar su propia existencia: el impago por parte de las administraciones públicas. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) reveló ayer que la Junta de Andalucía y las entidades locales deben, a día de hoy, a las sociedades aquí radicadas 330 millones de euros, un volumen «importante» para las pymes de la provincia, en palabras del vicepresidente ejecutivo de la patronal, Javier González de Lara. Esa cantidad representa el 15% de los 2.200 millones de euros que adeudan en toda la comunidad autónoma.
Una situación que se agrava en el caso de los consistorios. Según González de Lara, ya hay ayuntamientos en la provincia que no están pagando a los proveedores. Aunque «por prudencia» no dio nombres, entre ellos se sitúan algunos como Estepona. Eso sí, reconoció que los municipios situados en el litoral están en mayor riesgo de morosidad porque son los que tienen más obligaciones y deben prestar más servicios no sólo a la población censada sino a los no empadronados y los turistas. «De momento es ocasional los que no pagan, pero ya hay muchos ayuntamientos que están aplicando esa política. Es una situación muy preocupante», afirmó.
